¿Un nuevo joven combatiente?

Hoy se recuerda los 25 años de la muerte de los hermanos Vergara en lo que se ha llamado el día del joven combatiente. Esta fecha inicialmente convocó a grupos que reclamaban por justicia y rechazaban el uso indebido de la fuerza por parte de la dictadura militar. Con el retorno a la democracia la convocatoria cambió incluyendo a diversos grupos frustrados frente a una falta de respuesta y compromiso por parte de los principales personeros de la Concertación para resolver este caso. Es así como se desarrollaron jornadas de reflexión en diversos recintos universitarios, vigilias, marchas principalmente en la Villa Francia. Pero también cambió por la participación desarticulada pero violenta de grupos vinculados con actividades criminales que mostraban su fuerza al enfrentarse a balazos en algunos puntos específicos de la ciudad.

La respuesta de los gobiernos de la concertación fue principalmente represiva. Desconociendo los orígenes del problema y reclamando frente a las evidentes acciones delictivas que se cometen durante esa noche. Así, redadas policiales, presencia de fiscales, enfrentamientos nocturnos así como coordinación gubernamental para la acción directa fueron las respuestas de política implementadas con desconocido resultado. Efectivamente, año a año se han realizado estos actos que han llevado a planes de contingencia de las policías, los municipios y el propio ministro del Interior, sin contar con los programas de emergencia diseñados por Chilectra y otras empresas que buscan paliar los efectos de una posible situación de crisis.

Este año veremos un nuevo joven combatiente, uno que por primera vez se enfrenta a un gobierno de derecha lo que puede inflamar los discursos y las reacciones de ciertos grupos más ideologizados en el espectro nacional. Grupos llamados “anárquicos” o “contrasistemicos” que enarbolan múltiples causas que varían desde las reivindicaciones del pueblo mapuche hasta la antiglobalización. Si bien estos son grupos pequeños y focalizados en zonas específicas del país, en especial de la Región Metropolitana, cuentan con una característica que los torna complejos, su organización. Contrario a lo que se vivió en el pasado, la presencia mas organizada de una respuesta de protesta violencia marcaría el inicio de otra etapa y claramente la necesidad de una respuesta pública no centrada únicamente en la represión policial. Las tres bombas encontradas en los últimos días pueden ser una señal de esta organización.


Adicionalmente están aquellos que buscan el desorden y lo fomentan. Aquellos que sin razón clara salen a destruir el mobiliario urbano y disparar al aire para demostrar fuerza y rechazo a la presencia policial. Acciones básicamente delictivas que requieren de una persecución penal inteligente que los enfrente constante y efectivamente.


En los últimos días se han reunido las policías para demostrar coordinación ante posibles situaciones de crisis, el Ministerio Público ha reconocido su mayor presencia y dedicación en las zonas de mayor conflicto para la noche del 29. Incluso los alcaldes han explicitado la necesidad de remover los escombros con rapidez para disminuir los potenciales enfrentamientos. Es decir la preocupación política es clara y los actos que se desarrollan este día no son menores.


Algunos analistas estiman que la intensidad de las manifestaciones será menor debido a las consecuencias del terremoto, a la destrucción de viviendas y al temor por mayor presencia policial. De ser así lo que estaría primando aún es la violencia inorgánica y la oportunidad delictual en ciertos sectores. Todo parece indicar que la respuesta más organizada no mellaría necesariamente por una situación de contexto e incluso los problemas post terremoto podrían ser considerados en un esquema de enfrentamiento al gobierno.


El gobierno de Piñera debe poner especial énfasis en interpretar correctamente el fenómeno del 29 de marzo para de esta forma enfrentarlo efectivamente con herramientas de política pública que superan el mero control. Situacion que pondrá a prueba el necesario y complejo equilibrio entre seguridad y respeto a los derechos humanos.