Se ha designado al nuevo encargado de la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior y destacado que dicho organismo estará encargado de liderar el combate a la delincuencia. Tarea francamente imposible de realizar desde una institucionalidad que carece de presencia en el organigrama ministerial por lo que tiene limitadas capacidades de toma de decisión y gestión de los múltiples programas vinculados especialmente con la prevención del delito. Adicionalmente, una institucionalidad que tampoco ha establecido mecanismos permanentes de coordinación con las instituciones policiales sino más bien esporádicos esfuerzos por aumentar las señales de trabajo conjunto.
Esta evidente debilidad institucional puede costarle caro a la Concertación por su falta de preocupación en la institucionalización de procesos, programas e incluso experticias de los programas de seguridad ciudadana desarrollados en los últimos años pero también imprimen desafíos no menores para el actual gobierno que requiere de una férrea voluntad personal pero por sobretodo capacidad técnica y fuerza política para enfrentarlos.
La experiencia de trabajo del nuevo director emana principalmente del sector privado lo que puede traer serias consecuencias si no se reconoce que la seguridad es responsabilidad del Estado, que la industria privada de seguridad carece aún de una regulación eficiente y que la principal tarea es la mejora la gestión de los programas e iniciativas aún en desarrollo. El camino por ende no es privatizar sino más bien convertir al Estado en un aparato eficiente que defina una política criminal coherente y articulada con los diversos sectores.
Por otro lado, más que crecer este espacio institucional debe redireccionarse. Programas como los de asistencia a la víctima, escuelas de futbol y de organización de la ciudadanía deben pasar a los sectores del Estado donde mejor se puedan gestionar y así evitar duplicaciones evidentes. Paralelamente fortalecer la capacidad de asistir en la toma de decisiones en un sector donde la creatividad se torna peligrosa, recordar propuestas de cárceles en islas, grupos ciudadanos delatores evidencian esta situación.
La mirada estratégica debería tener un fuerte componente técnico para utilizar los caudales de información que se genera en esta temática que incluye información de encuestas así como de denuncias policiales. Información que debe ser compartida con el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia, el CONACE, entre otras instituciones que a su vez generan información propia. Además, la Estrategia Nacional de Seguridad es tal vez la única herramienta clara de gestión del sector pero requiere de cambios importantes para pasar a una segunda etapa más operativa y con indicadores de impacto. Finalmente, la redefinición de una agenda de trabajo que otorgue relevancia a los programas de prevención efectivos a nivel local.
Pero no solo de técnica se sobrevive en el Ministerio del Interior. La capacidad política es clave ya que una de las primeras decisiones que se esperan del gobierno es saber si se continuarán con programas profundamente criticados por sus principales exponentes en años anteriores pero que permiten financiamiento de iniciativas a nivel local. Cortar los programas implica limitar presupuesto para alcaldes que carecen muchas veces de mecanismos de financiamiento para iniciativas de seguridad. Aún más relevante será ver si se pueden establecer mecanismos de cogestión para asegurar que estos fondos no se vean duplicados por aquellos que emanan de programas similares desarrollados por el Ministerio Público, de Educación o Vivienda; sin mencionar los Fondos de Desarrollo Regional donde también se necesita una profunda revisión en los procesos de toma de decisión.
Capacidad política que será clave cuando se apruebe la nueva ley del Ministerio de Interior y Seguridad Pública para la generación de una institucionalidad realmente encargada de los temas de seguridad que incluya la rehabilitación y las urgentes reformas de SENAME y GENDARMERIA. Defender la prevención como mecanismo fundamental para enfrentar la delincuencia es una tarea desagradable en un gobierno que busca soluciones rápidas y con programas de prevención monitoreados y evaluados permanentemente.
Los problemas son múltiples, las necesidades inmediatas y la expectativa ciudadana creciente. Lo mejor será partir con humildad, reconociendo que ganar la batalla a la delincuencia toma tiempo, preparación y conocimiento del aparato estatal. De otra forma, una de las principales ofertas de campaña de la Alianza puede convertirse en un arma de doble filo que termine erosionando la necesidad de avanzar con solidez y rigurosidad en la definición de políticas públicas de seguridad en el país.
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