Toque de queda, detectores de metales... ¿Dónde quedó el debate de ideas?

Los niveles de violencia al interior de las escuelas han aumentado en los últimos años. No sólo se encuentran problemas de violencia entre alumnos sino también en la comunidad educativa en general.

Así profesores, padres y alumnos miran con desconfianza los niveles de seguridad que se vive al interior de los recintos escolares y en muchos casos alientan una estrategia de sobrevivencia del más fuerte que termina por agravar el problema. Esto no es una situación exclusiva de los colegios municipalizados, pero aquellos privados resuelven estas situaciones con políticas propias de castigo, integración, colaboración o separación.

La escuela es reflejo de la sociedad en la que vivimos. Los niños no deciden tornarse violentos cuando llegan a estudiar sino que muchas veces evidencian que no conocen formas de resolución de conflictos alternativas al uso desmedido de la violencia física o psicológica.  Esta afirmación nos recuerda entonces que el problema no es el ámbito escolar únicamente sino la sociedad misma. Expertos en temas educativos han puesto énfasis en la necesidad de mejorar la calidad de la educación, consolidar una oferta programática que incluya mecanismos alternativos para la resolución de conflictos, habilidades para la mediación y fortalecimiento de las iniciativas de colaboración y cooperación en la comunidad educativa.

Justamente por que la escuela es reflejo de la sociedad, los casos de violencia extrema son aún limitados. El porte de armas no es un problema generalizado aún y sin duda son casos específicos donde los profesores se sienten amenazados directamente por la presencia de alumnos armados.  ¿Qué hacer en estos casos? En primer lugar se debe poner al día  con rapidez un catastro nacional, elaborado en conjunto con los municipios, que identifique estos casos para actuar con la solidez que el problema amerita.  Controles en las puertas, policías de civil o cualquier otra medida de orden represivo no solucionará el problema. Muy probablemente llevará los conflictos violentos a los espacios públicos cercanos al establecimiento escolar lo que puede tener consecuencias aún más serias.

Al identificar estos recintos escolares, el segundo paso es trabajar con la comunidad escolar entera. Con programas serios de mediación de conflictos, de trabajo con la comunidad y en especial con la familia e identificación de problemas de comportamiento, salud mental y aprendizaje en aquellos niños y jóvenes que recurren a la violencia, consumo de drogas y otras actividades ilícitas.

Finalmente, cuando encontramos a los niños que requieren asistencia urgente, el Estado debe enfrentar el problema con seriedad, rigor y paciencia. El doctor encargado del cuidado del tristemente famoso “Cisarro” explicitó ayer con notable agudeza las carencias de un sistema que quiere soluciones rápidas con intervenciones pobres.  Toques de queda, detectores de metales, perros policías y otras iniciativas ni siquiera deberían ser debatidos cuando lo principal es la carencia de una oferta pública efectiva para problemas graves en la población infanto-juvenil.  Avanzar en la tarea de controlar y prevenir la violencia en la escuela es difícil, pero se torna imposible cuando se pone la carreta delante del caballo.

La calidad de los espacios de convivencia escolar es clave para el aprendizaje y el posterior desarrollo de los educandos. Focalizar, identificar las diversas causas de los problemas y generar programas sostenibles son los elementos necesarios de cualquier intervención que pretenda enfrentar el problema con solidez. La preocupación de los alcaldes es muy relevante, hay que aprovechar que la misma no se pierda en debates sobre herramientas o modelos utilizados en otros países sino más bien en las capacidades estatales para enfrentar el problema con efectividad.