La experta señaló que esta posible medida, criticada por el Gobierno por la dificultad de incluirla en la institucionalidad, puede provocar, además, un grave problema de seguridad.
"Estamos viendo con una harta preocupación (esta propuesta). Pensar que las denuncias ciudadanas son una forma de resolver delitos sin duda, pero para eso está el 133 y los teléfonos de llamadas que permiten hacer denuncias", aseveró.
"Militarizar la respuesta ciudadana respecto al delito puede generar un problema de seguridad grave, para los 50 mil coordinadores", añadió.
Además, Dammert aseguró que la logística necesaria para llevar a delante esa idea es muy amplia y difícil de realizar.
"Otra cosa es la capacidad real del sistema para resolver las denuncias, pues si 20 mil de ellos hacen denuncias diarias, no existe la capacidad de las policías para hacer seguimiento a cada una ellas", enfatizó.
"Esto no quiere decir que no sea importante que la ciudadanía participe, pero hay mecanismos mucho más proactivos de participación más que organizar gente que va a mirar a los demás para ver como denunciarlos", agregó la socióloga.
Para la directora del programa de Seguridad y Ciudadanía de Flacso es más productivo entregar parte de esos 50 mil celulares a los funcionarios policiales que no cuentan con ellos.
"No es fácil conseguir 50 mil celulares, de hecho sería bueno que si el Gobierno consigue esa cifra de celulares, se los pase a muchos miembros de las fuerzas policiales que carecen de servicio celular gratuito para las tareas que están cumpliendo hoy", manifestó.
"A veces uno se va por el ímpetu de la necesidad de resolver los problemas, pero cuando uno está en el Gobierno sabe que no es fácil registrar 50 mil personas", espetó Dammert.
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