Hoy amanecimos con nuevo Presidente electo. Se terminó la campaña y empieza la organización y diseño de un nuevo gobierno que sin duda tendrá tremendos desafíos que cumplir. Uno de los temas donde la diferencia entre las coaliciones fue más evidente y donde la Alianza presentó múltiples promesas de gobierno es el combate a la delincuencia. De hecho, en su primer discurso Piñera rescató nuevamente la lucha contra el narcotráfico y la inseguridad de los chilenos.
La tarea que se viene es monumental. Primero estaremos atentos para ver como se “pone el candado a la puerta giratoria”, ya que ese fue el eje programático de la propuesta ganadora, cuando la Concertación se enfrascó en la discusión sobre la existencia de la misma y la necesidad de otro tipo de medidas para resolver el problema. Aumentar el número de detenidos y condenados en el sistema carcelario es imposible en el corto plazo sin una masiva inversión pública en mejorar la calidad de las cárceles. Disminuir el número de casos que se archivan depende del Ministerio Público que ha recalcado con énfasis su independencia del Ejecutivo. Aumentar la presencia disuasiva de la policía involucraría cambiar la forma como esta se distribuye en el territorio y definir políticas claras de disminución de las tareas administrativas para tener la mayor cantidad de efectivos en terreno. Sin mencionar un aumento sustancial de dotación lo que también implica una inversión importante con resultados de mediano plazo.
En segundo lugar “enfrentar a los narcos” parece ser una definición más simbólica que real, ya que las políticas son definidas desde el Ministerio Público con cooperación permanente de las instituciones policiales. Aumentar las penas se intentó sin resultado, condenar a los consumidores sólo agrava el problema y estigmatizar o intervenir poblaciones vulnerables generará más violencia. En tercer lugar aparece la propuesta de la “mano amiga”, es decir las políticas de prevención del delito, aquellas dirigidas a disminuir la cantidad de personas que empiezan carreras criminales. Se han desarrollado múltiples iniciativas en los últimos 20 años, la mayoría de las cuales no han sido evaluadas en detalle pero sin duda un nuevo gobierno no puede esperar un proceso evaluativo de un año para definir su programa de acción. El principal desafío será definir mejores mecanismos para incluir con activo rol a los gobiernos locales en el diseño e implementación de estos programas, generar los mecanismos claros de descentralización de las decisiones y el fortalecimiento de las iniciativas público-privadas.
Sólo con estos temas la agenda del “combate a la delincuencia” está colmada pero quedan aún puntos claves que no deben ser dejados de lado. No existe una institucionalidad a cargo del tema, la Ley que creaba el Ministerio de Interior y Seguridad no fue aprobada, lo más seguro es que el próximo Presidente pase la primera mitad de su mandato con una institucionalidad descoordinada y con serios problemas de gestión. En este mismo ámbito se debe poner al día la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, rescatando lo positivo desarrollado hasta hoy y proponiendo con rapidez y eficiencia nuevos rumbos de la política integral y multisectorial de seguridad. Además no se puede olvidar la necesidad de reformar Gendarmería y el Servicio Nacional de Menores, instituciones medulares que requieren cambios estructurales. ¿Cómo hacerlo? ¿Con que nivel de prioridad?
Una cosa es con guitarra dice el dicho popular, ahora solo queda colaborar, incidir y poner el acento en los mejores caminos para lograr mejorar la seguridad de los chilenos. El acento en la gestión será bienvenido pero la delincuencia tiene profundas raíces sociales que no pueden pasarse por alto. En los últimos años los principales referentes políticos de la Alianza han pedido evaluación, monitoreo y resultados de las iniciativas de política, el gobierno que empieza el 11 de marzo deberá partir con indicadores serios para medir sus iniciativas, reformar aquellas en curso y asegurar que en cuatro años más Chile será un país más seguro.
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