Bajar la delincuencia será una de las principales tareas del próximo gobierno. La Concertación deja muchos espacios grises, caminos inconclusos, e incluso dudas sobre la efectividad de ciertas iniciativas; pero no se puede dejar de recalcar que los avances son significativos en términos de fortalecimiento del accionar policial, el inicio de un camino de coordinación intersectorial y la inversión relevante en el mejoramiento de la calidad de vida de ciertos sectores.
Una de las principales medidas de la agenda del nuevo gobierno es la conformación de un "equipo" de colaboradores que denuncien desde sus respectivos lugares de vivienda o trabajo la presencia de tráfico de drogas, robos u otro delito que afecta directamente la vida de los ciudadanos. Basados en la experiencia colombiana impulsada por el Presidente Uribe se buscaría la colaboración ciudadana mediante este tipo de mecanismos. Esta es una medida peligrosa que puede traer algunos beneficios pero también problemas graves en el corto plazo.
Una de las principales medidas de la agenda del nuevo gobierno es la conformación de un "equipo" de colaboradores que denuncien desde sus respectivos lugares de vivienda o trabajo la presencia de tráfico de drogas, robos u otro delito que afecta directamente la vida de los ciudadanos. Basados en la experiencia colombiana impulsada por el Presidente Uribe se buscaría la colaboración ciudadana mediante este tipo de mecanismos. Esta es una medida peligrosa que puede traer algunos beneficios pero también problemas graves en el corto plazo.
En primer lugar los beneficios se vinculan con el fortalecimiento de la participación de la ciudadanía, el involucramiento de los vecinos en formas diversas para resolver sus problemas y aún más importante reconocer la complejidad de la batalla contra la delincuencia. Desde inicios del gobierno de Lagos han sido muchos los intentos para fortalecer la participación de la ciudadanía que han tenido resultados tímidos como el programa comuna segura, las intervenciones en barrios de alto conflicto, entre otros. Estas experiencias han demostrado que la participación se logra efectivamente cuando los gobiernos locales toman un rol de liderazgo, diseñan e implementan políticas que impactan directamente sobre los vecinos y se coordinan sistemáticamente con el accionar policial. De esta forma, la participación ciudadana es clave en la tarea de prevenir y controlar la delincuencia pero es un objetivo de largo plazo basado en la generación de confianzas entre las personas y hacía las instituciones del Estado.
Pero la participación no es denuncia ciudadana. Dejando de lado las posiciones ideológicas sobre la pertinencia de este tipo de acciones, los problemas que tienen los programas de denuncia implementados en el mundo son múltiples. En primer lugar, la denuncia ciudadana genera una demanda explosiva ya que prácticamente todos conocemos o sabemos o creemos saber de algún lugar o persona que comete un ilícito. La denuncia sin respuesta pública sólo genera impunidad, temor y finalmente frustración ciudadana, por lo que se requiere de un proceso de ingeniería institucional serio que permita dar respuesta a las miles de llamadas que podrían realizarse cotidianamente. En segundo lugar, la denuncia no consolida lazos de colaboración entre vecinos sino más bien los destruye ya que se tiende a policializar problemas vecinales. Ahora bien, si se pide que la población denuncie hechos graves donde hay evidencia de acción criminal, estaríamos avanzando hacia un modelo de investigación privada donde cada uno se dedica a observar al vecino para asegurarse que no comete delito alguno.
Lamentablemente este modelo se torna peligroso para aquellos que más protección necesitan. Los colaboradores de denuncia ciudadana en zonas de alta presencia delictual y especialmente tráfico de drogas se convertirán rápidamente en focos de represalias y por ende violencia. Y finalmente pueden ser incluso víctimas de otras "denuncias anónimas" por parte del crimen organizado que aprovecha este mecanismo para desviar la atención policial.
La propuesta de aumentar la participación ciudadana es medular en cualquier programa de combate y prevención del delito. Se requieren de los mejores mecanismos para que la ciudadanía se involucre activamente, recupere los espacios públicos, reclame por sus derechos y colabore con las iniciativas de control del delito. Posiblemente las redes de colaboradores no sea el camino más efectivo para empezar este proceso, menos aún cuando en Colombia, país de donde se extrae esta experiencia, las tasas de homicidios volvieron a crecer el año pasado.
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