El crimen se ha sofisticado en América Latina. La delincuencia organizada en prácticamente todos los países de la región se caracteriza por altos niveles de violencia, disponibilidad de sumas importantes de dinero y mayor complejidad en las operaciones delictivas. En algunos casos las instituciones policiales carecen de los recursos económicos y tecnológicos que se encuentran en manos de aquellos dedicados a las actividades ilícitas.
Muchos gobiernos se contentan con tareas reactivas que buscan limitar una determinada problemática, más que definir estrategias efectivas de inteligencia anticrimen que permitan adelantarse a los problemas. Reacción que generalmente llega mal y tarde, alimentando la sensación de impunidad y orfandad que enfrentan los ciudadanos diariamente. Eso sin considerar algunas teorías conspirativas desarrolladas por expertos que afirman que muchas de las incautaciones de drogas se basan en información revelada por miembros de carteles opuestos, ayudando a intensificar la batalla entre bandas, como se puede ver México y algunos países centroamericanos.
La inteligencia de seguridad debe desarrollarse de forma profesional, oportuna y con un claro liderazgo civil para tratar de asegurar el respeto a los derechos humanos y limitar el uso indebido de lo recabado. Lamentablemente, décadas de uso político de la información policial, de corrupción institucionalizada y de prácticas poco serias en la recolección de datos han traído un mal nombre a una actividad que debería ser clave en el combate al crimen.
La institución policial tiene el potencial de recoger información en cantidades ilimitadas por parte de aquellos que realizan patrullaje, quienes trabajan en áreas especializadas y quienes efectúan las tareas cotidianas de relación con la comunidad. En la actualidad, la mayor parte de este registro no es utilizado para estudiar los cambios en el comportamiento criminal, o la aparición de nuevos actores en la escena ilícita, e incluso, la generación de un cuadro de análisis más apropiado sobre la temática.
Es sorprendente, por ejemplo, la variedad de datos sobre homicidios ocurridos en diversos países de la región. Desde Venezuela hasta Jamaica, pasando por Guatemala y México, la información oficial es de dudosa calidad. De hecho, en este punto es necesario destacar la urgencia de procesos judiciales que investiguen todos y cada uno de los crímenes que ocurren sin apurarnos en catalogarlos como narcoejecuciones o ajustes de cuentas. Es posible que un aumento en el uso de la violencia ciudadana esté pasando por debajo del fenómeno que hoy acapara la preocupación pública y política.
Sin información no hay inteligencia. Cierto, pero con enfrentamientos institucionales, con falta de estructuras de gobierno claras que permitan el trabajo serio y con limitado interés en el largo plazo, la inteligencia se convierte en un espionaje institucional que puede terminar con escuchas telefónicas indebidas o extorsión.
Los organismos encargados de realizar tareas de inteligencia deben asumir un papel más claro, fuerte y estratégico en la definición de las mejores iniciativas de acción. Ahora bien, por lo menos cuatro elementos deben ser considerados: en primer lugar, la responsabilidad de las tareas de inteligencia recae en los órganos de gobierno responsables de la seguridad pública; no pueden quedar en manos de la operatividad policial diaria para asegurar balances y contrapesos permanentes. De esta forma la autonomía profesional de la inteligencia se mantiene mientras que las decisiones políticas tienen responsables políticos claros.
En segundo lugar, la tentación de generar múltiples espacios de inteligencia en cada una de las instituciones vinculadas con el combate el crimen está presente y se debe limitar. De otra forma, los recursos terminan siendo utilizados en acciones de contrainteligencia entre diversas instituciones gubernamentales más que en una lógica integral de acción. La colaboración con la justicia es otro de los espacios aún grises donde se requiere ahondar el trabajo público.
En tercer lugar, los mecanismos nacionales son el primer paso en una estructura de intercambio de información y acción regional. La lógica integral del crimen organizado debe ser enfrentada con un compromiso multinacional de trabajo. Desafío gigante para un espacio donde las desconfianzas entre actores son algunas veces más que evidentes. Pero es necesario avanzar con medios de confianza mutua que permitan la tarea conjunta y el intercambio de información pertinente.
Finalmente, las labores de inteligencia requieren de personal altamente calificado que aún es limitado en la región. Colaboración, profesionalización, sistemas de control y entrenamiento permanente son algunos de los elementos que permitirán que el combate al delito deje de aparecer rezagado e ineficaz.
La inteligencia debe ayudar a tener mejores respuestas, limitar los abusos y aumentar la efectividad. Los caminos alternativos no existen, la urgencia del problema pone en primer lugar un tema que ha sido muchas veces minimizado por las complejidades históricas. Hoy requiere ser retomado y debatido con urgencia y responsabilidad.
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