Incendio del sistema carcelario

Dec. 08 , 2010

Hoy despertamos frente a una nueva tragedia en el país. 83 muertos en un incendio en la cárcel de San Miguel y varios heridos más de gravedad. Los motivos deberán ser estudiados y analizados con rigurosidad para definir responsabilidades, fallas de sistema y sobretodo, formas de solución.
Lamentablemente, esta tragedia no es un accidente más. Hay evidencia suficiente en informes, reclamos, reportes y todo tipo de declaraciones de expertos sobre las precarias condiciones de vida al interior del sistema carcelario. De las prácticamente nulas consecuencias de la inversión pública de los últimos años en mejorar la calidad de vida de la mayoría de los internos. De las consecuencias negativas de las políticas de populismo penal basadas en endurecer castigos sin inversión en rehabilitación. Para una muestra, la columna que escribí en el 2009 cuando murieron calcinados internos de Colina II.


El gobierno actual ha dicho que invertirá fuertemente en el sistema de medidas alternativas al encarcelamiento, donde en la actualidad hay más de 50 mil condenados. Esto requiere máxima urgencia. Requiere del apoyo de los legisladores que no pongan en debate la llamada puerta giratoria u otras metáforas mal utilizadas en el país. Requiere del apoyo de la ciudadanía para no olvidar esta tragedia mañana en la abultada agenda navideña, sino para mantener presente que dejar las cárceles como espacios de miseria y abandono es hipotecar parte de nuestra seguridad futura.
No es necesario ponerse creativo. Las propuestas de cambio están señaladas en diversos informes que reconocen la tarea pendiente. El sistema de concesiones no ha solucionado el problema, ha mejorado la calidad de vida de algunos pero finalmente con la tasa de crecimiento de la población penal la solución pasa por revisar que hacemos para prevenir el ingreso y desarrollo de carreras criminales.
La transformación de SENAME es urgente, también porque la vinculación entre un limitado sistema de trabajo con los menores y el paso a la consolidación de la vida criminal es evidente. La oferta de programas de salud para tratar adicciones es clave para evitar que nuestras cárceles se llenen de enfermos, que requieren de tratamiento más que de castigo.
Que triste que sean las tragedias las que nos permiten ver los temas cruciales que enfrenta el país. Ahora queda cuidar a los familiares,  enfrentar los problemas de los heridos, limitar la conflictividad al interior de otros recintos y avanzar con seguridad. Pedir plazos es no entender como funciona el sistema, lo que se requiere es compromiso país, voluntad política sostenida que se refleje en la inversión pública que el Ministerio de Justicia necesita, y castigar (con los votos) a todos aquellos que creen que la forma como se desarrolla el sistema penitenciario es tolerable.