El Presidente tendrá que proponer iniciativas innovadoras, sólidas y concretas para enfrentar la criminalidad en el país en su discurso del 21 de Mayo. No tiene mucha alternativa ya que la delincuencia fue uno de los temas claves de la campaña y ha continuado en los primeros meses de gobierno como un despliegue de noticias y afirmaciones vinculadas con el fin de la puerta giratoria, la mano blanda y la limitada efectividad de las iniciativas de gobierno.
El desafío es enorme dado que en Chile se han implementado (con mayor o menor rigurosidad) iniciativas vinculadas con prácticamente todos los modelos de prevención y control del delito. Es decir, ser innovador en esta materia es difícil y comunicar que se hará lo mismo pero con mas técnica puede sonar a derrota anticipada. El día de ayer la información entregada por la Fundación Paz Ciudadana instaló en la agenda una caracterización de la situación actual como amarga, difícil o incluso desalentadora. Si bien múltiples son las criticas que se podrían realizar a dicho informe, un hecho es indudable: la población exige más seguridad.
¿Qué hará el Presidente y su equipo? Anunciar un programa de acción sería un avance frente al ofertón de múltiples iniciativas desarticuladas que se han publicitado en la temática. Programa que tendrá medidas de corto plazo pero también de mediano y largo aliento debido a las raíces sociales, económicas y culturales que reviste el fenómeno que se trata de enfrentar. Evaluar todos los programas en implementación para definir una plantilla probada de iniciativas para el 2011 sería también un paso que mostraría seriedad y compromiso con políticas de Estado en la materia.
Tratar de identificar los “anuncios” es menos complejo que comprometer una mirada sustancial y rigurosa sobre los mismos. A continuación algunos ejemplos:
Crear el Ministerio de Interior y Seguridad Pública. Si bien este es un anuncio reiterado en diversos años, tal vez se utilice como una forma de mostrar efectividad. No hay que olvidar que la propuesta de ley que está en el congreso es francamente pobre y que se ganaría mucho con postergar su urgencia y proponer una institucionalidad nueva, sólida y consistente con los desafíos del bicentenario. Pero si no es así ¿Quién seria el responsable de la prevención del delito? ¿Qué niveles de coordinación existirían con los niveles regionales y locales de gobierno? ¿Cómo se justificaría que el Ministerio del Interior cuente en su dependencia a las instituciones policiales, la agencia nacional de inteligencia y los procesos electorales, solo por nombrar algunos entes de compleja administración?
Aumentar la dotación policial. La ciudadanía quiere mayor control y presencia policial que debería aportar significativamente a disminuir cierto tipo de delitos. Las instituciones policiales han visto incrementos sostenidos de sus dotaciones en los últimos años ¿Cuál ha sido el impacto de dicha inversión? ¿Cómo se estima la necesidad de mayor dotación? ¿Qué capacidad operativa tienen las instituciones para seguir formando profesionales de calidad pero en mayores cantidades? ¿Qué capacidad tiene el Estado para incrementar la presión de los sistemas de salud y jubilación de estas instituciones?
Reformar SENAME. Esto es urgente y se espera que el nuevo Ministerio de Desarrollo Social asuma a aquellos niños y niñas que requieren protección y que una nueva institucionalidad en Interior avance con mecanismos de trabajo con aquellos infractores. Este cambio no es menor y requiere de debates públicos sobre las mejores alternativas para enfrentar carreras criminales incipientes o iniciales con especial énfasis en tratamiento de adicciones y otros problemas de salud que pueden estar en la base del fenómeno.
Modernizar el sistema penitenciario. La crisis del sistema es profunda y requiere de un apoyo presidencial constante para poder enfrentar los desafíos que vienen. El principal es la creación de una institucionalidad a cargo de aquellos condenados a medidas alternativas a reclusión para de esta forma combatir la principal puerta giratoria del sistema. Adicionalmente revisar con detalle los resultados del sistema concesionado, su costo y efectividad para disminuir la reincidencia. Finalmente generar una nueva dinámica laboral en Gendarmería de Chile que ponga énfasis en la seguridad y deje las labores de rehabilitación para aquellos que cuenten con la experticia técnica.
Los temas propuestos previamente implican una agenda de difícil resolución en 4 años de periodo gubernamental pero darían una clara señal de fortaleza, realismo y especialmente voluntad política para enfrentar uno de los problemas que más nos preocupa como país. El Presidente requiere comprometer a los alcaldes en las tareas preventivas a nivel local para que de forma coordinada se enfrenten las situaciones puntuales que los aquejan. Esta vinculación es clave y debería ser reiterada para dar la señal de una política de Estado, integral y no excluyente.
Lograr metas sólidas en seguridad pública requiere de un acuerdo nacional donde también la sociedad civil participe, reconozca las limitaciones del castigo como única solución a la delincuencia y avance en el sostenido reconocimiento de los problemas sociales y culturales que se instalan en las raíces mismas de una parte importante del problema de la criminalidad.
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