Miles de personas están presas en América Latina. En su mayoría jóvenes de escasos recursos, con limitados niveles educativos, adictos a las drogas y con una larga historia delictual pueblan las precarias instalaciones carcelarias donde la violencia, el abandono y el hacinamiento son hechos cotidianos.
La capacidad de readaptar es inexistente en sistemas que privilegian la contención de posibles fugas sobre la administración interna, donde los programas para enfrentar adicciones son mínimos y con administraciones muchas veces vinculadas a hechos de corrupción y uso excesivo de la fuerza. Paradójicamente la capacidad de castigar en algunos países está puesta en cuestión debido al informal control interno, por parte de las bandas delictivas, que desde sus celdas desarrollan crímenes vinculados con la extorsión. La inversión pública en las cárceles no es un tema de agenda, es políticamente incorrecto para los políticos y genera rechazo por una ciudadanía que reclama por inversión en los jóvenes pobres que no cometen delitos. Es así como en las últimas dos décadas son pocas las naciones que han logrado una modernización de la infraestructura carcelaria, con la excepción de construcciones de recintos de alta peligrosidad que no han resuelto el hacinamiento o limitado las fugas. En Chile, la experiencia de concesión privada de parte del proceso no ha sido exitosa y evidencia enormes problemas y complejidades.
Tragedias carcelarias hemos tenido muchas en los últimos años que desnudan una realidad que pasa inadvertida en medio de una creciente preocupación por la delincuencia y la violencia. Creer que una vez encarcelado el delincuente se acaba el problema es de una inocencia e irresponsabilidad mayúsculas ya que todos los estudios demuestran lo contrario.
Obviamente, aquellos que cometen delitos deben cumplir su castigo, eso no está en discusión. La mejora de la situación carcelaria no tiene como objetivo aumentar las comodidades de los presos como se ha caricaturizado en algunos medios, por el contrario busca asegurarnos un futuro de mayor paz y tranquilidad social.
El diagnóstico es ya conocido pero queda aún pendiente la interrogante sobre cómo avanzar para disminuir esta situación. La respuesta no es fácil y se compone al menos de tres elementos centrales. Primero, hay que mejorar la calidad de vida de los internos aumentando la vigilancia, disminuyendo los espacios de impunidad delictival, minimizando los hechos de corrupción y generando un verdadero gobierno del sistema. Para esto hay que disminuir los procesados al interior del sistema, profundizar la modernización de las entidades encargadas de la seguridad y la rehabilitación e invertir en tecnología para controlar de mejor forma la vida en prisión. Inversión en cárceles en aquellos lugares donde es necesario pero reconociendo niveles de habitabilidad a ser cumplidos para aumentar seguridad y disminuir el contagio criminal.
Segundo reconocer que la cárcel no soluciona la delincuencia. En algunos casos tal vez ayuda a contenerla, pero generalmente la inversión en mecanismos de prevención o incluso en presencia policial es mucho más eficiente que continuar en el aumento de plazas carcelarias. Para aquellos que cometen delitos no violentos los sistemas alternativos son una medida apropiada, más allá del uso de tecnología, el desarrollo de programas de acompañamiento o trabajo comunitario, el apoyo que se brinda tiene importancia en cortas carreras criminales. Tomar estas medidas requiere de apoyo político sustentable en el tiempo, que no se deje tentar por las afirmaciones del populismo penal y que reconozca que los resultados no se verán en un periodo de gobierno.
Tercero, la comunidad tiene que cumplir un rol proactivo. No se puede seguir mirando al costado frente a una situación que genera una bomba de tiempo y disminuye la calidad de vida. Se requiere de la participación de la empresa privada para que en programas conjuntos con el Estado se puedan aumentar los mecanismos de inclusión laboral pospenitenciaria e incluso aumentar los cupos de tratamiento para enfermedades como la adicción a las drogas. Los ciudadanos tienen un rol que cumplir también en el reconocimiento de que debajo de los problemas delictivos se esconden raíces de segregación, fragmentación, no inclusión y, sin duda, inequidad. Tarea de largo aliento cuando nos enfrentamos a conflictos de alta letalidad, pero de impacto para evitar que la espiral de violencia se mantenga y empeore.
El camino no es sencillo, pero mantener la situación actual es inviable. Se requieren de políticas públicas claras, determinadas y apoyadas en el reconocimiento de las complejidades de un fenómeno que parece multiplicarse y violentarse día a día.
La cárcel debería ser el espacio donde la sociedad castiga a aquellos que han cometido delitos pero que también permita rehabilitarlos o reintegrarlos a la vida en comunidad, lo que dista de la situación actual.
Fuente: http://www.poder360.com/article_detail.php?id_article=5213
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