¿Nueva agenda legislativa de Seguridad?

El día de ayer el Gobierno dio a conocer la agenda legislativa de seguridad 2010. En ella se agrupan 19 medidas de acción legislativa que se estima impactarán sobre los problemas centrales de la delincuencia en el país.  Antes de identificar las fortalezas y debilidades de la propuesta es necesario enfatizar, una vez más, en la urgencia de una estrategia nacional de seguridad pública que presente objetivos y metas claras para los 4 años de gobierno del Presidente Piñera. Indicadores objetivos que puedan ser medidos y analizados al fin de la actual gestión gubernamental, compromisos claros para comparar con lo desarrollado previamente. La experiencia de las últimas dos décadas muestra la debilidad que involucran los paquetes legislativos, los ofertones de políticas, las iniciativas independientes y en general el uso mediático de las propuestas de seguridad. Es por esto que se elaboró la Política Nacional de Seguridad y la Estrategia que planteó metas claras en el gobierno anterior.  Con sus debilidades, estos procesos mostraron la necesidad de avanzar con una mirada más sofisticada, responsable y rigurosa sobre el fenómeno.  Quedamos atentos a la nueva política de gobierno en la temática para poder realizar los análisis con mayor detalle y evaluar las consecuencias de las iniciativas desarrolladas.  

La agenda legislativa propuesta  incluye 19 medidas organizadas en 4 áreas consideradas por el gobierno como prioritarias. Más allá de la discusión sobre la paternidad original de las mismas vale la pena relevar que el gobierno incluye temas de importancia con aciertos en las propuestas entre los que se destacan: la utilización eficiente de la tecnología, la creación de fiscalías especializadas, la conformación de una comisión coordinadora del sistema de justicia penal, y la modificación de diversas propuestas vinculadas con hechos delictuales vinculados con el control de armas, la trata de blancas, el abigeato,  y la violencia en los estadios. 

Mención especial merece la propuesta de endurecer las penas para el manejo en estado de ebriedad, situación relevada por diversos espacios públicos, y que debería ser parte central de la agenda pública de salud y seguridad.  

Pero en la letra chica es donde se definen los contratos y en esta propuesta de agenda faltan muchos temas por debatir con mayor profundidad y detalle, entre los que se mencionan:

1. La propuesta de un Registro Nacional de Rebeldes carece de una explicación previa de su real utilidad. Este registro debería estar al día por Gendarmería con información que apoye el trabajo policial. Por ende, elaborarlo y ponerlo al conocimiento público puede tener consecuencias serias, sobretodo si las debilidades estructurales de Gendarmería han sido reconocidas por todos los sectores.  

2. El sistema de brazalete electrónico es una herramienta eficaz cuando se puede comprometer una rápida y real respuesta policial para evitar la revictimización. ¿Cómo se podrá ejecutar esto a nivel nacional? Empezar con un piloto centrado en la gestión del programa más que en la rápida compra de tecnología parecería como lo más apropiado

3. La ampliación de las facultades policiales no debería sobrepasar de los avances ya realizados sobre el proceso de reforma de la justicia. La autonomía del Ministerio Público tiene en este punto un espacio para avanzar en términos de mejorar la calidad de su gestión. Resulta poco creíble que los archivos provisionales mencionados se deben principalmente por falta de actuación policial. De ser así el sistema actual estaría en medio de una crisis de proporciones no analizadas. 

4. La tarea de definir los delitos terroristas no es un tema que se pueda banalizar. Muy por el contrario, el mundo avanza en definiciones cada vez más específicas donde bombas de ruido no pueden ser comparadas con episodios de terrorismo armado. En este tema se requiere de mayor análisis y sin duda información basada en las investigaciones en desarrollo. 

5. Leyes ad hoc no sirven. La propuesta de aumentar las sanciones a los que cometan delito de desorden público con el rostro descubierto parece ser una respuesta más efectista que realista. ¿cuántos casos ingresan por esta modalidad anualmente en el país? ¿Esta es una problemática que requiere de una definición de urgencia?

La seguridad pública, principal reclamo de la ciudadanía y tarea primordial del gobierno actual, requiere de políticas claras y metas medibles. La agenda de propuestas legislativas avanza en proponer algunos temas que eran ya considerados necesarios de abordar así como enfatiza situaciones que no habían sido medulares previamente. Avanzar en los detalles, los antecedentes y los  resultados esperados de cada medida propuesta es una tarea pendiente que el gobierno tendrá que desarrollar en el corto plazo para seguir avanzando con rigurosidad en la propuesta de políticas efectivas en la disminución de la delincuencia.