Victimización: ¿Para que sirve la encuesta?

Hoy seria un día de fiesta comunicacional si el Presidente fuera Frei. Es fácil imaginar a todos los ex subsecretarios de interior diciendo que se bajaron los niveles de victimización, que la gente siente menos temor y que en general las obras del gobierno tienen resultados. Pero..  ganó la alianza y comunicar hoy que los resultados son positivos es un problema…

Por eso no sorprende que la conclusión sea “no sabemos a ciencia cierta que explica la disminución de la victimización”, a pesar que en esta situación están prácticamente todos los países del mundo que han logrado bajar sus tasas. Aún más llamativo es que el gobierno explícitamente diga que la encuesta es “buena pero perfectible y no es la única” cuando desde la oposición enfatizaron en la necesidad de generar este tipo de herramientas y de hecho la Fundación Paz Ciudadana por más de dos décadas fustigó permanentemente a los gobiernos concertacionistas con índices de temor y victimización.

Dejando de lado el debate electoralista y la politización que poco ayuda a resolverlo eficazmente, la encuesta muestra grandes problemas y sin duda avances interesantes. Es cada vez más claro que ninguno puede ser atribuible únicamente al gobierno anterior, como dice el gobierno “a ciencia cierta no se sabe”.  Pero por lo menos entrega importantes señales en el tema de mayor importancia para la ciudadanía.

La victimización se encuentra a la baja en el país con zonas donde la tendencia es inversa, especialmente centrado en el norte del país con niveles que superan en 10 puntos al promedio nacional. En la Región Metropolitana bajó en casi 4 puntos lo que es un excelente resultado que debería ser replicado en otras regiones donde la situación es diferente. Pero, ¿Qué se hizo en la RM para tener este indicador? Al parecer no se sabe, lo que nos deja bastante paralizados ante problemas emergentes. Esto si que es insostenible, algún nivel de análisis se requiere para interpretar cuales elementos están impactando en estos cambios.

En la presentación el gobierno incluye un cuadro novedoso (pero poco útil) sobre la cantidad de delitos que ocurren en una hora. Ahí aparece un tema que no ha sido parte de la agenda pero que requiere ser cuidadosamente analizado: al parecer en Chile cada hora ocurren 4 delitos de corrupción, similar a los robos de vehículos. Situación que no sólo es preocupante sino que además  muestra un problema institucional de proporciones.

Otro dato alentador es que la población reconoce que las causas de la delincuencia son principalmente sociales (falta de preocupación de los padres, falta de oportunidad de trabajo, extrema pobreza, mala calidad de la exudación, etc). Este reconocimiento apoyará en una agenda de mano inteligente que impacte sobre los problemas de desigualdad y precariedad social. Pero además el consumo de drogas se reconoce como causa de la delincuencia, por lo que es necesario avanzar seriamente con programas de rehabilitación y reconocimiento del consumo como un problema de salud pública no solucionable “por la razón o la fuerza” únicamente. 

La población reclama por apoyo jurídico en el caso de ser víctimas de un delito. Este reclamo importante evidencia la sensación de desprotección que sienten los ciudadanos  en estos hechos  y que tiene que ser enfrentado con rapidez y seriedad. Evaluando cuales son las mejores medidas para llevar asistencia a las víctimas y seguridad frente al apoyo del Estado ante situaciones de desprotección.

Finalmente los niveles de temor son altos. En este punto se podría afirmar que “no sabemos por que bajó el temor” en un año marcado por un debate electoralista donde se enfatizó en la crisis de la inseguridad y la fiesta de la delincuencia.  En esta área se requieren análisis cualitativos más detallados que avancen en la mejor comprensión de un fenómeno que es bastante autónomo y complejo.

La encuesta de victimización fue desarrollada entre otras cosas como una herramienta para medir el avance de las metas de gobierno. La crítica soslayada a la herramienta nos deja con la interrogante sobre qué usará el actual gobierno para el seguimiento de sus acciones.