Pasó el discurso del 21 de Mayo y con las propuestas en seguridad pública nadie quedó sorprendido. Desde la campaña electoral era claro que el Presidente Piñera pondría énfasis en las múltiples metáforas de la puerta giratoria y la mano dura así como el fin de la fiesta que supuestamente vivían los delincuentes. Es así como el anuncio de mayor dotación para ambas instituciones policiales no sorprende necesariamente. Pero deja por lo menos algunas interrogantes que deberían debatirse antes de seguir comprometiendo inversiones de largo aliento a iniciativas que no son evidentemente efectivas.
¿Cuál es la meta de dicho aumento? ¿Cómo se medirá la efectividad de esta mayor dotación? En los últimos años los gobiernos han aumentado sistemáticamente el número de efectivos policiales sin afectar los sistemas de capacitación y entrenamiento inicial pero la sobredemanda puede tener consecuencias complejas en ese sentido. De esta forma seria bueno saber por que seguimos necesitando más dotación policial cuando la Presidenta Bachelet afirmó que con el aumento desarrollado durante su gobierno se acababa con el déficit de personal requerido para combatir y prevenir el delito.
Mención aparte merece la ampliación del plan cuadrante a todas las comunas de más de 25 mil habitantes. Es posible que todos los discursos de los últimos gobiernos ratifiquen la ampliación de este programa, pero sin dejar en claro si esto implica resolver los problemas reales de necesidad de mejor y mayor infraestructura policial. De hecho, en la actualidad diversas comunas donde el plan cuadrante está teóricamente 1implementándose, no cuenta con la dotación policial o la infraestructura necesaria para que el programa se desarrolle en su total capacidad.
Es posible que en el marco del discurso de mano dura se consideró pertinente proponer castigos mayores para aquellos que maltraten a algún funcionario policial. Iniciativa que no tendrá grandes impactos pero que seria realmente significativa si paralelamente terminara con la justicia militar para estos casos.
La defensoría de las víctimas es otro de los ejes de la campaña que se concretó en el discurso. Si bien es cierto que las víctimas requieren de apoyo esto no se resuelve por una institucionalidad adicional que se sumará al trabajo que ya realiza en la actualidad el Ministerio Público y el Ministerio del Interior. Diversos analistas han puesto énfasis en la necesidad de mirar la letra chica de las propuestas, en este caso se convierte en clave para entender el impacto que podría tener esta decisión en el proceso penal. Sin duda el trabajo con las víctimas supera la reparación económica y la consulta jurídica y por ende avanzar en la coordinación con la oferta de los gobiernos locales podría ser un excelente primer paso.
La reforma del SENAME es urgente y una medida de amplio consenso político. Es cierto que el sistema está en crisis hace muchos años y que los gobiernos anteriores no pudieron reformarlo integralmente pero el anuncio no deja mucha claridad sobre los plazos y las características de la nueva institucionalidad a cargo de los jóvenes infractores que debería quedar al interior del Ministerio del Interior. Así, se propone una reforma institucional que va atada a la creación de dos ministerios por lo que la capacidad real de implementarla durante la actual administración queda en duda.
Pero el mensaje tuvo un importante componente centrado en aquellos factores considerados preventivos que pueden tener un importante impacto de largo plazo El énfasis puesto en la educación, la protección social y el mundo del trabajo con medidas concretas puede ser asumido como una agenda preventiva general, que si bien no dice nada de la prevención secundaria de aquella población más en riesgo de iniciar una carrera criminal, sin duda tiene un impacto positivo de largo aliento.
Múltiples temas han quedado fuera de los anuncios pero no pueden quedar fuera de la agenda de gobierno. Enfrentar la profunda crisis penitenciaria, avanzar en programas de rehabilitación de adicciones, definir la dependencia de CONACE, posibilitar programas preventivos a nivel local, regular la seguridad privada son sólo algunos temas que deberán estar en el centro del accionar del gobierno. En cada caso medidas rápidas y concretas pueden traer beneficios e incluso aportar de forma más significativa en la agenda concreta de acción.
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